Rocío tenía 20 años cuando se animó a denunciar a su padre, un suboficial de contrainteligencia de la Armada. Su historia recorrió el mundo.
Su caso recorrió el mundo, al igual que su imagen, rota en llanto, aquél 24 de septiembre de 2014, al salir del juicio en el que condenaron a su padre, Marcelo Girat, un suboficial de contrainteligencia de la Armada, a 14 años de prisión por haberla violado desde los 13 a los 17 años.
Hoy Rocío vive en Buenos Aires junto a su esposa Mariana Gómez y participa en una ONG que atiende víctimas de violencia de género llamada Red Viva. Hoy, Rocío anima a otras mujeres a denunciar.
“A las víctimas les diría que denuncien, acerquense a algún familiar o persona de confianza; cuenten todo, que afuera hay mucha gente dispuesta a acompañar, hay muchas organizaciones con profesionales capacitados para avanzar en estos casos”, dice e insiste que el miedo “tiene que cambiar de lugar”.
Rocío tenía 20 años cuando se animó a denunciar a su padre y, al igual que Thelma Fardín, lo hizo años después de los hechos, cargada con el coraje que encontró en la bronca y el apoyo de quienes la rodearon. Es por eso que hace un lectura positiva de los tiempos que corren: “Hay que visibilizar el abuso sexual en la infancia”, declara y exige. En su redes sociales una imagen se lleva todos los “me gusta”: “Que los secretos familiares dejen de encubrir abusadores”. Otra da una orden: “Mujer, a(r)mate para la revolución”.
Rocío y Mariana se casaron en 2016 y viven en Buenos Aires.
“Todas, desde nuestro lugar, nos estamos liberando y nos estamos animando a denunciar; ver que otras que se animan son apoyadas y se les cree, incentiva a otras a hacerlo”, dice y destaca como un factor fundamental.
“Esto está pasando y hay muchas cosas por cambiar, para que realmente haya una justicia real, por lo menos en la Argentina”, agrega y recuerda su disconformidad con el tiempo de condena que la Justicia le dio Girat.
Por otra parte, Rocío hace hincapié en la necesidad de “cambiar las cosas de raíz” y reclama la aplicación de políticas públicas que modifican el panorama.
“Se tiene que aplicar con urgencia la ley de Educación Sexual Integral en absolutamente todos los niveles. Y ante estos reclamos, también, el gobierno no puede destinar solo el 0,13% del presupuesto a políticas de género para 2019. Cada vez tenemos menos herramientas por más que cada vez seamos más las que denunciamos”, apuntó.
Y agregó: “Tampoco creo correcto que los violadores no estén presos de manera preventiva durante todo el proceso. Son personas que tienen perfiles de psicópatas: son agradables, van a todas las audiencias y cuando se los condena, se fugan”.
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